Leí un artículo en El País, Lucro a costa de un colectivo en desventaja, que me llamó fuertemente la atención por ver hasta donde pueden llegar las personas para aprovecharse y obtener dinero.
El texto relata la historia de una empresa, centro especial de empleo, que contrataba a personas con discapacidad para conseguir subvenciones públicas. Una vez obtenidas éstas despedía a los trabajadores con la disculpa de no haber superado el periodo de prueba y además no les pagaba el trabajo realizado. El sindicato Comisiones Obreras cifra el número de afectados en unos 200.
Y la pregunta que surge es, ¿ por qué ocurre esto? Una medida positiva y que fomente el empleo entre colectivos desfavorecidos debe llevarse a cabo con un riguroso control desde las administraciones públicas que ofrecen esta subvención.
Si, como afirman, son 200 los trabajadores afectados, ¿cómo es que la Consejería correspondiente no ha dado con este fraude antes? Según publica el diario ABC desde abril de este año la Junta era consciente de la situación irregular de la empresa.
Además de la dejación de las administraciones, otro tema que me preocupa respecto a esto es la crítica que se puede producir entre la opinión pública sobre este tipo de centros y subvenciones. No debemos olvidar que hay muchísimos centros especiales de empleo que realizan un magnífico trabajo de integración con diferentes colectivos y que gracias a ellos, personas que de otra manera no hubieran accedido al mercado laboral se encuentran ahora trabajando.
Imagen tomada de adigitaldreamer.com