Se acerca la Semana Santa y quiero comenzar este periodo vacacional con un post acerca de la penitencia que llevamos con nosotros los educadores y educadoras sociales. Lejos de querer ser un post pesimista, lo que pretendo es trasladar como algunas situaciones de precariedad se están dejando visibilizar y se está reivindicando acerca de ellas.
Las administraciones y el empleo público
Era, o es, frecuente ver como las administraciones ignoran a la educación social en las ofertas de empleo público o, en el mejor de los casos, que cuando ofertan plazas pueda presentarse a ellas cualquier titulado o titulada. A veces da igual el perfil, otras la única restricción es un título en ciencias sociales. Esto indica la falta de importancia o relevancia que se da a la acción socioeducativa en el ámbito de las administraciones. Reciente es el ejemplo de Madrid, denunciado por el CPEESM, pero podemos encontrar situaciones parecidas en otras comunidades autónomas. Por cierto, si aún no lo has hecho, puedes adherirte al manifiesto del Colegio de Madrid aquí.
Por otro lado, recogiendo también lo positivo, por primera vez se ha convocado bolsa de trabajo en la escala de educadores y educadoras sociales en Castilla y León, lo cual es una buena noticia. Otra lectura aparte requeriría el baremo de méritos incluido, bastante contradictorio teniendo en cuenta que es la primera vez que se convocan.
La externalización
Muchas administraciones públicas en lugar de ofertar plazas de empleo público para cubrir vacantes en los servicios socioeducativos que ofrecen lo que hacen es privatizar la gestión de estos a través de concursos públicos o de otros acuerdos y colaboraciones con empresas o entidades sociales. Se produce en servicios sociales, ocio y tiempo libre, animación y desarrollo comunitario…. Así, los educadores y educadoras sociales que prestan estos servicios pasan a estar contratados por entidades privadas y reguladas por los convenios de aplicación, según el caso, y por las categorías profesionales que estos incluyen. Hemos visto casos de ofertas que piden perfiles genéricos y no es algo extraño las contrataciones en categorías inferiores.
Uno de los mayores problemas de estos concursos es que en los términos de adjudicación suelen priorizar los criterios económicos frente a otros como el proyecto socioeducativo. Así, encontramos que empresas multiservicios pueden hacerse con la gestión contribuyendo a precarizar las condiciones de los y las profesionales y atendiendo a términos económicos por encima de los de la calidad del servicio. Hace poco leía en el Facebook del Educablog un post acerca de la denominación de los recursos para la atención de menores y en uno de los comentarios uno de los participantes realizaba un apunte al respecto que considero muy certero. En concreto trataba de la dotación de recursos y de cómo algunas empresas hacen negocio con estos servicios.
La precarización y la reivindicación
En los apartados anteriores recojo algunas de las que considero las penitencias más importantes de la profesión, que arrastramos desde hace años y contribuyen a la precarización. La primera requiere que los poderes públicos den a la educación social la importancia que merece y cumplan los acuerdos de apoyo a los que ya se comprometieron respecto a la Ley de Educación Social, suscrita por diferentes administraciones con el apoyo de los distintos grupos políticos.
En el segundo caso, no es algo específico de la educación social, sino que esta externalización y precarización de las figuras y servicios profesionales por parte de la administración se está realizando en diferentes ámbitos. En nuestro ámbito, además, podrían incluirse otros aspectos como el voluntariado mal utilizado, que puede sustituir puestos de trabajo, pero que requiere de un post específico. En cualquier caso, la deriva privatizadora no solo nos ocurre a nosotros.
Por ello creo que son básicas las acciones de denuncia de los colegios profesionales, sindicatos y ciudadanía. Las diferentes campañas llevadas a cabo deben ser apoyadas por todos y todas, ya que la educación social requiere de la acción conjunta.
Es positivo ver como van apareciendo convocatorias, tanto públicas como privadas, en la que se requiere la titulación y aparece el apellido “social” junto al nombre de la plaza. También ver como la figura se va regularizando como categoría profesional en los convenios colectivos. Es por ello que no debemos dejar de reivindicar nuestra figura allá donde actuemos.
