La educación social como garante de los derechos de la ciudadanía. La educación social, ¿es asistencialista o empodera a las personas para defender sus derechos? ¿Realmente construye y garantiza los derechos de las personas? Estos son las preguntas propuestas por el CEESC para el Carnaval de blogs de este año que se celebra con motivo del Día de la Educación Social.
Es la primera vez que este blog participa en el mismo con un artículo. Para responder a estas preguntas tenemos que realizar una reflexión que, inevitablemente, nos lleva a más preguntas.
La primera pregunta que me preocupa es esta. ¿Hasta que punto es el término ciudadano o ciudadana el más correcto? ¿Quiénes son o somos la ciudadanía? ¿Los educadores y educadoras sociales trabajamos sólo con ciudadanos?
Siendo consciente de que el término ciudadanía está actualmente muy en boga, podemos utilizar la definición clásica del mismo. Consideramos ciudadano a aquella persona perteneciente a una ciudad, titular de derechos políticos y sometido a las leyes de la misma. Vienen a la mente conceptos muy loables como ciudadanía activa, participación ciudadana y otros que buscan la implicación de la sociedad civil en la vida política.
Pero, por ejemplo; ¿son los refugiados ciudadanos? ¿Son los denominados “inmigrantes ilegales” ciudadanos? Desde la educación social trabajamos en numerosas ocasiones con colectivos desfavorecidos que están muy lejos de ser titulares de los derechos políticos que deberían tener como ciudadanos. Muchas veces hemos tratado y reflexionado sobre la importancia del lenguaje y no puede ser menos en este caso.
Creo que la garantía de los derechos recae en los poderes públicos, en la administración. Desde la estatal a la local, pasando por las Comunidades Autónomas.
La función del educador o educadora social está más bien en vigilar, presionar e incluso exigir que se cumpla esta garantía de los derechos por parte de las administraciones. Una tarea que se puede realizar tanto a nivel individual como colectivo. Considero que este es uno de los papeles que deberían tener los Colegios Profesionales, actuar como masa crítica ante el incumplimiento en las obligaciones de garantizar los derechos por parte de los diferentes Gobiernos a todos los niveles.
La teoría dice que la Educación Social debería ser una herramienta para el empoderamiento de la población, pero en la práctica la Educación Social está sometida al arbitrio de quienes la llevan a cabo.
Instituciones públicas, entidades del tercer sector, empresas de servicios sociales y diferentes personas desarrollan la profesión de muy diferentes maneras.
La percepción personal que tengo es que, cada vez más, la tendencia en todos los programas de educación social y servicios sociales es hacia la privatización, primando la oferta económica más ventajosa frente a los proyectos educativos, los objetivos o la continuidad de los mismos. Esto a la larga nos lleva ante actuaciones dispersas, aisladas unas de otras y que están lejos de cumplir los requisitos necesarios para el empoderamientos de las personas usuarias.
¿Y no hay actuaciones interesantes? Por supuesto, las generalizaciones nunca son buenas y todos podemos enumerar proyectos muy interesantes que conocemos, que se llevan a cabo y cumplen los objetivos de empoderamiento. No obstante, siempre es necesario incidir en aquello que funciona peor, para que entre todos y todas podamos tratar de mejorarlo.
Es la primera vez que este blog participa en el mismo con un artículo. Para responder a estas preguntas tenemos que realizar una reflexión que, inevitablemente, nos lleva a más preguntas.
La ciudadanía
La primera pregunta que me preocupa es esta. ¿Hasta que punto es el término ciudadano o ciudadana el más correcto? ¿Quiénes son o somos la ciudadanía? ¿Los educadores y educadoras sociales trabajamos sólo con ciudadanos?
Siendo consciente de que el término ciudadanía está actualmente muy en boga, podemos utilizar la definición clásica del mismo. Consideramos ciudadano a aquella persona perteneciente a una ciudad, titular de derechos políticos y sometido a las leyes de la misma. Vienen a la mente conceptos muy loables como ciudadanía activa, participación ciudadana y otros que buscan la implicación de la sociedad civil en la vida política.
Pero, por ejemplo; ¿son los refugiados ciudadanos? ¿Son los denominados “inmigrantes ilegales” ciudadanos? Desde la educación social trabajamos en numerosas ocasiones con colectivos desfavorecidos que están muy lejos de ser titulares de los derechos políticos que deberían tener como ciudadanos. Muchas veces hemos tratado y reflexionado sobre la importancia del lenguaje y no puede ser menos en este caso.
La garantía de los derechos
Creo que la garantía de los derechos recae en los poderes públicos, en la administración. Desde la estatal a la local, pasando por las Comunidades Autónomas.
La función del educador o educadora social está más bien en vigilar, presionar e incluso exigir que se cumpla esta garantía de los derechos por parte de las administraciones. Una tarea que se puede realizar tanto a nivel individual como colectivo. Considero que este es uno de los papeles que deberían tener los Colegios Profesionales, actuar como masa crítica ante el incumplimiento en las obligaciones de garantizar los derechos por parte de los diferentes Gobiernos a todos los niveles.
Asistencialismo o empoderamiento
La teoría dice que la Educación Social debería ser una herramienta para el empoderamiento de la población, pero en la práctica la Educación Social está sometida al arbitrio de quienes la llevan a cabo.
Instituciones públicas, entidades del tercer sector, empresas de servicios sociales y diferentes personas desarrollan la profesión de muy diferentes maneras.
La percepción personal que tengo es que, cada vez más, la tendencia en todos los programas de educación social y servicios sociales es hacia la privatización, primando la oferta económica más ventajosa frente a los proyectos educativos, los objetivos o la continuidad de los mismos. Esto a la larga nos lleva ante actuaciones dispersas, aisladas unas de otras y que están lejos de cumplir los requisitos necesarios para el empoderamientos de las personas usuarias.
¿Y no hay actuaciones interesantes? Por supuesto, las generalizaciones nunca son buenas y todos podemos enumerar proyectos muy interesantes que conocemos, que se llevan a cabo y cumplen los objetivos de empoderamiento. No obstante, siempre es necesario incidir en aquello que funciona peor, para que entre todos y todas podamos tratar de mejorarlo.
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ResponderEliminar[…] de les participants com Edusotic o Montserrat Sánchez el primer que fan és posar en dubte una de les paraules que s’utilitza per […]
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